ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

Lo primero que debe intentar un abogado defensor es la absolución de su cliente. Ya sea mediante un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoría, esta será siempre la solución ideal para el imputado.
No obstante, muchas veces, la absolución resulta sencillamente inviable. Limitarse a negar los hechos cuando existen multitud de pruebas en contra no es la mejor de las estrategias.
Cada caso tiene sus particularidades y la táctica elegida resulta fundamental para que el acusado termine el proceso de la mejor forma posible.

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Veamos ahora un supuesto real y reciente en el que basamos toda nuestra defensa en asumir, desde el principio, parte de la culpa para buscar una reducción significativa de la pena.

Nos encontramos con un caso de lesiones con arma blanca. Tras una discusión en la calle y a plena luz del día, mi defendido saca un cuchillo y corta a la víctima en presencia de numerosos testigos.
En fase de calificación el fiscal acusa por un delito de lesiones agravado por uso de armas o instrumentos peligrosos y solicita 4 años de prisión (art. 147.1 y 148.1 CP).
Ante la existencia de testigos presenciales, del parte de lesiones y del informe forense, negar simplemente los hechos resultaba absurdo.
Decidimos que la forma más efectiva de proceder, descartada la legítima defensa por la desproporción, sería la de reconocer la lesión y el uso del cuchillo y centrarnos en las circunstancias particulares de la agresión
Resulta que la víctima no estaba sola sino que iba acompañada de dos personas más. Resulta que por un tema familiar empezaron a discutir y uno de ellos golpeó a mi cliente. Este sacó un pequeño cuchillo e hirió a la víctima. La herida no se produjo en el pecho ni en el cuello ni en la pierna sino en la palma de la mano.
Tenemos elementos suficientes para convencer al juez de que no había voluntad de lesionar, que el arma se sacó en medio de una pelea y que la herida en la mano se produjo al intentar la víctima arrebatarle el cuchillo al acusado, tal y como acabó relatando un testigo.
Eso no quiere decir que la conducta sea licita, que no se haya creado un peligro innecesario o que se haya actuado en legítima defensa, significa que los hechos pueden ser considerados imprudentes y penados conforme el art. 152.1
Resultado: Se solicitaban 4 años de cárcel y finalmente se le condenó a 5 meses, sin ingreso efectivo en prisión, en aplicación del art 80 CP.
Aunque se pretenda ganar siempre, es importante valorar las cartas que hay encima de la mesa y saber jugar conforme a ellas.

LA DONACIÓN DE DROGAS PROHIBIDAS

Un supuesto que ha venido generando ríos de tinta en distintas sentencias del Tribunal Supremo, es el referente a la donación de drogas ilegales.

La tipicidad es un requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada penalmente, lo que viene a significar que debe de estar explicitamente contemplada en el código penal.

Volviendo al ya citado artículo 368, nos encontramos con que el mismo dispone lo siguiente: ”Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”

En un primer momento puede pensarse claramente que el hecho de donar una substancia prohibida constituye un acto de promoción o facilitamiento y que por tanto la conducta es típica por estar recogida maen el código. En este supuesto el donante sería castigado con la pena prevista: prisión de uno a tres años. No obstante, es evidente que la donación en determinados supuestos no es equiparable al tráfico y que al donante no se le puede dar el mismo tratamiento.

Históricamente el TS ha venido aplicando en determinadas ocasiones la atipicidad de la donación, lo que conlleva la absolución del acusado. Aquí, nos volvemos a encontrar con criterios indeterminados y abstractos. Los fundamentales, desde la STS de 3 de marzo de 1995 son los siguientes:

– Que la cantidad de droga donada sea mínima, adecuada para el consumo inmediato

– Que el destinatario de la donación sea consumidor habitual y adicto

– Que no se pida ningún tipo de contrasprestación por la donación.

– Que no exista posibilidad de difusión pública de la droga.

En estos supuestos, entiende el TS, que el bien jurídico protegido: la salud pública, no resulta lesionado y que la conducta no merece ninguna consecuencia penal. Dados y probados estos requisitos el acusado debería de terminar el procedimiento o bien con un sobreseimiento o con una sentencia absolutoria.

Otra vía, intentada en varias ocasiones es la de invocar el eximente completo de estado de necesidad: art. 20.5. En este caso el hecho de suministrar la droga estaría justificado por pretender evitar un mal al consumidor generado por su síndrome de abstinencia. No obstante la STS de 13 de julio de 1993, condenó a una madre que había suministrado heroína a su hijo adicto para evitarle el síndrome de abstinencia, reprochándole que lo que debía de haber hecho era acudir a un centro médico.

En resumen es importante considerar el tipo y cantidad de la droga donada, la condición de consumidor adicto del que la recibe y la ausencia de ningún beneficio para el que la suministra.Todo ello puede hacer considerar al juez que se está ante un supuesto de escasa importancia que no perjudica a la salud pública y que merece la absolución del acusado.

LEYES SECAS Y PROHIBICIONISMO

“Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.”
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Al senador por Minessota Andrew Volstead y a una serie de iluminados varios (desde predicadores y mujeres devotas hasta lideres sindicales), se les ocurrió la brillante idea de que cerrando los grifos de licor se terminaría con todos los males que aquejaban al país. Así, después de años de insistencia el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda XVIII y tras la ratificación de 36 estados se empezó a aplicar la prohibición de fabricar y vender alcohol, como ley federal a nivel nacional.
El resultado es ampliamente conocido por todos. Durante los 13 años en los que estuvo vigente la prohibición no solo no disminuyó el consumo de alcohol sino que según diversas fuentes se incrementó. La importación de licores y la fabricación clandestina favoreció el florecimiento de mafias y organizaciones criminales. La tasa de población reclusa aumentó drásticamente. El precio del licor se multiplicó por diez y debido a la falta de control y calidad en la elaboración del alcohol clandestino se reportaron múltiples casos de intoxicación, ceguera permanente y hasta muerte.
Así pues las puertas del infierno lejos de cerrarse, como creía el cándido senador, se tornaron mucho mas amplias. El resultado obtenido con la prohibición resultó ser el contrario del que se perseguía y finalmente en 1933 se aprobó la emmienda constitucional XXI, que derogó definitivamente la Ley Seca.
De los episodios históricos se pueden obtener valiosas lecciones. Es fácil extrapolar la prohibición de bebidas alcohólicas a la situación actual del cannabis en España. Si se tiene un mínimo conocimiento de la realidad social, se sabrá que a pesar de las prohibiciones existentes todo aquel que quiera consumir marihuana lo hará. ¿Si se legalizara su cultivo y distribución no se reduciría o extinguiría la criminalidad asociada a la venta ilegal ? ¿No se controlaría mejor la calidad de las substancias que al fin y al cabo se consumen igualmente? Incluso, ¿No se recaudarian mas impuestos?
Y es que prohibiendo no siempre se alcanza el fin deseado y legalizando no siempre se da el fin temido.

BARCELONA Y LAS ASOCIACIONES CANNÁBICAS

La aprobación del Plan Especial Urbanístico por el pleno del ayuntamiento de Barcelona, para la regulación de las asociaciones cannábicas, debe valorarse, sin duda por parte, de los que hemos defendido su legalización completa, como un avance y un paso adelante positivo.

Personalmente considero adecuada toda regularización, que aunque parcial, tienda al reconocimiento de una realidad social existente y a reducir la inseguridad jurídica que deben soportar los consumidores de cannabis.

No obstante y tras analizar la normativa municipal considero que hay poco de nuevo bajo el sol.

Los criterios de apertura y funcionamiento de las asociaciones vienen a reproducir los ya establecidos en la resolución del departamento de Salut de la Generalitat de Cataluña de 15 de enero de 2015. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402548.pdf

Repito que toda regulación que vaya en esta dirección me parece positiva. No obstante hay que tener mucho cuidado en no confundir términos y sobretodo jurisdicciones. Lo que se ha hecho desde el ayuntamiento de Barcelona es regular administrativamente las condiciones de funcionamiento de las asociaciones y establecer los requisitos necesarios para la obtención de la correspondiente autorización municipal de actividad. Nada más. Básicamente por que las competencias de un ayuntamiento terminan aquí. Ni siquiera la eventual aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular «la rosa verda» http://larosaverda.org/doc/ILP-LA-ROSA-VERDA.pdf por parte del Parlament de Catalunya resolvería definitivamente la situación.

Hay que tener en cuenta que cuando se condena a alguien por un delito contra la salud pública (trafico, cultivo etc.) lo que se está aplicando es el código penal y no una ordenanza municipal.

El Código penal es una Ley Orgánica y las Cortes Generales son el único poder que tiene capacidad para modificarlo, cosa que de momento no han hecho. Es por eso que me parece excesivo e incluso peligroso decir que el ayuntamiento de Barcelona ha legalizado las asociaciones cannábicas. Se ha dado un paso, dentro de las competencias municipales, pero no se ha resuelto el problema.

En una causa criminal, los jueces seguirán aplicando el Código Penal y las interpretaciones jurisprudenciales que han ido efectuando sobre la materia.

Moderando la euforia seguimos esperando una regulación definitiva en todos los ámbitos.

CULTIVO: ¿TENTATIVA O DELITO CONSUMADO?

Como hemos visto con anterioridad, los actos de cultivo de sustancias prohibidas, están tipicficados como delito en el articulo 368 del CP.
El artículo 15 dispone que son punibles el delito consumado y el intentado (tentativa de delito).
Esta se produce cuando ha comenzado la ejecución del delito pero este no se ha producido todavía por causas ajenas a la voluntad del autor. Ejemplo: No se ha llegado a cometer un delito de robo en casa habitada, porqué los sujetos han sido sorprendidos mientras forzaban la puerta de entrada.
A la tentativa de delito se le impone una pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito consumado. Para el ejemplo anterior y considerando la pena máxima a imponer tendríamos 5 años de cárcel para el delito consumado y 2 o 1 año para la tentativa. Como puede verse la diferencia de penas es más que considerable.

growPues bien, pude sostenerse, y de hecho así lo hace cierta doctrina, que cuando se encuentra una plantación de marihuana y las plantas no han alcanzado todavía el desarrollo óptimo para ser recolectadas, se produce una delito en grado de tentativa no consumado, puesto que en este momento no se dispone aún de la sustancia prohibida.
Si volvemos al art. 368 nos encontramos con que la tentativa tiene difícil encaje, puesto que el mismo dice literalmente: “los que ejecuten actos de cultivo” lo que de aplicarse literalmente la simple siembra de semillas en una maceta estaría consumando el delito contra la salud pública.
Obviamente este precepto debe ser atemperado y en determinados casos la jurisprudéncia ha admitido la tentativa en los actos de cultivo:
La STS de 9 de diciembre de 2002, dice lo siguiente:

“La tipicidad que se predica de todo cultivo, en tanto que pone en peligro el bien jurídico protegido, no significa sin más que el delito alcance el grado de consumación por la sola acción de su plantación o semillado: se requiere que tal cultivo se encuentre en condiciones de servir a la finalidad que se persigue con el mismo, cual es la extracción de los productos naturales necesarios para obtener su fruto”

Teniendo en cuenta este criterio, lo determinante para apreciar la tentativa delictiva, será única y exclusivamente el grado de desarrollo de la plantan y se aplicará si esta no ha llegado a crecer lo suficiente como para producir la sustancia psicoactiva, en este caso el THC.
Más recientemente, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, SAP IB 80/2016, ha apreciado consumación delictiva, por la incautación de unas plantas de cannábis cuyas partes contenían ya un 2,1% de concentración de THC a pesar de no estar aun en el momento óptimo para su cosecha.

Descartadas otras estrategias de defensa o de forma complementaria a ellas si el caso lo permite, la alegación de ejecución imperfecta, grado de tentativa, puede ser un argumento valioso para la obtención de beneficios penales, pero tal y como se ha visto nada sencilla.

LEGALIDAD DE ESTEROIDES Y ANABOLIZANTES

Winstrol, Promobolan, Proviron,Trembolona, Novadex, Propionato, Clomid.
No es necesario ser un culturista profesional para haber oído hablar de estos productos.
Un numero significativo de personas los utiliza de forma más o menos regular con finalidades estéticas tales como el desarrollo muscular o la perdida de grasa.
Últimamente ha ido proliferando, a través de Internet, la venta bodyde todo tipo de sustancias farmacéuticas y entre ellas y de forma considerable, los esteroides anabolizantes.
A pesar de ello se trata de sustancias ilegales. Vamos a ver de forma general que tipo de problemas puede acarrear su tenencia y consumo.
Más allá de los riegos para la salud que puedan comportar, de los cuales el consumidor bajo su responsabilidad y riesgo deberá ser consciente, las substancias mencionadas no se pueden adquirir de forma legal en España sino es bajo prescripción médica.
Para valorar las consecuencias jurídicas que puede acarrear su tenencia, es necesario distinguir a los atletas federados de los recreativos, amateurs o aficionados.
En el primer supuesto, el consumidor, queda sujeto a la aplicación de sanciones administrativas que van desde la prohibición de la práctica deportiva a la retirada de premios e incluso a la sanción de multa en el supuesto en que el atleta haya obtenido beneficios económicos de su práctica.
El procedimiento y las sanciones están regulados en la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

Ahora bien, en el supuesto de consumidores que utilizan estos productos, no para participar en una competición reglada sino con fines estéticos personales, la legislación comentada no les sería de aplicación.

Desde el punto de vista estrictamente penal, que es el único que puede acarrear penas de cárcel, el consumo o la posesión para el autoconsumo no esta tipificado como delito.
La Ley Orgánica 1/2015 introdujo el artículo 362 quinquies en el Código Penal que dice textualmente lo siguiente:

“1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.”

Como podemos ver, lo que castiga este artículo es la distribución, es decir, la venta o suministro de este tipo de sustancias, pero no su consumo. De forma similar a las drogas ilegales, sean las que sean, el bien jurídico protegido es la salud pública y la conducta penada la venta, ofrecimiento, fabricación o suministro en perjuicio de la salud ajena.

Siendo pues que la posesión para el autoconsumo esta despenalizada, la cuestión relevante, cuando a alguien se le encuentra en posesión de sustancias prohibidas, será la de determinar cual es su finalidad.
Obviamente es fundamental la cantidad intervenida pero también lo son una serie de elementos periféricos tales como dinero en efectivo, listas de contactos, direcciones, balanzas de precisión o cualquier otro que lleven al juez a determinar que su finalidad no es el consumo propio sino su distribución.
Resumiendo el uso de anabolizantes no tendría porqué tener ninguna consecuencia penal para el usuario y el resto de problemas vendrían derivados de sanciones administrativas en el caso de deportistas federados.

ATENTADO A LA AUTORIDAD

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No es nada infrecuente que ante una intervención policial, al responsable de un delito cualquiera se le acabe imputando también otro de atentado a la autoridad. Veamos en que consiste exactamente.
En primer lugar debemos precisar quien tiene, a efectos penales, la consideración de autoridad. El artículo 24 del CP la define como quien ·tenga mando o ejerza jurisdicción propia. A parte de diputados, senadores, miembros del parlamento europeo, jueces y fiscales, se considera autoridad a los agentes de policía, cualquiera que sea el cuerpo, durante el ejercicio de sus funciones. Esta puntualización es importante, puesto que el hecho de ser autoridad, en este caso policía, no otorga ninguna protección penal especial cuando no se estén ejerciendo las funciones propias del cargo.
En su periodo de vacaciones o tiempo libre, un policía no es autoridad, cualquier acto en su contra será considerado lesión, injuria o lo que proceda pero no atentado a la autoridad.
Otro requisito es que el sujeto activo, el que realiza el atentado, tenga conocimiento de que la persona es una autoridad y actúa en el ejercicio de sus funciones. Es necesario pues, en el ejemplo comentado, que el policía se haya identificado como tal. Vaya uniformado o no, lo relevante es que la persona sepa sin ninguna duda que la persona es policía y está realizando una actuación policial.
Lo que se llama elemento objetivo del tipo ( en que consiste exactamente el delito) es el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Eso es, agredir o intentar agredir, amenazar e intimidar o resistirse pasivamente a una actuación, como pudiera ser la detención.
En la valoración de la gravedad de la acción se basará la determinación de la pena y es aquí dónde una buena defensa resulta imprescindible.
El artículo 550 del CP prevé una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
En los tipos agravados, como son el empleo de armas, vehículos a motor o actos potencialmente peligrosos para la vida, la pena puede llegar a los 7 años de cárcel.
Como se ve, las penas previstas, son graves por lo que para su aplicación la naturaleza del atentado también debe serlo. Es frecuente que ante una simple discusión o alguna palabra mas alta que la otra se acabe denunciando por un delito de atentado a la autoridad que no debería de tener ningún recorrido penal.
No obstante y como comenté en el post dedicado a la detención policial, el enfrentamiento con los agentes no conlleva nunca ningún efecto positivo y debe de evitarse en todo caso.
No se está en una condición de igualdad y todo enfrentamiento innecesario no hará mas que agravar la situación.

Consejos preventivos para las asociaciones o Clubes de cannabis en España

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA WEB LAMARIHUANA.COM  14/01/2016

Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

TRÁFICO Y ASOCIACIONES DELICTIVAS.

 

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Lo dicho en entradas anteriores relativo a las penas impuestas por los delitos de tráfico de drogas, puede resultar sorprendente en el sentido de que la ley prevea prisión máxima de seis años . Todos hemos oído hablar de condenas mucho mas largas a grandes traficantes. Bien, el comentado artículo 368 contiene el tipo básico de delito contra la salud publica y efectivamente la pena máxima prevista es de seis años. Pero la cosa puede agravarse y mucho. Entre otros supuestos, que comentaré en otros posts, las penas se endurecen sensiblemente cuando el delito es cometido por personas que pertenecen a organización criminal. Cuando el cultivo, elaboración o tráfico de substancias prohibidas se realiza en el seno de una organización ilícita se aplica el artículo 369 bis del CP y este no se queda ya en el máximo de seis años sino que prevé penas de 9 a 12 e incluso su superior en grado, eso es de 12 a 18 años, para los jefes encargados o administradores de estas asociaciones. Si a ello agregamos que el delito contra la salud publica frecuentemente no es el único, sino que se cometen otros, siempre la propia pertenencia a organización criminal siempre y delitos como la tenencia ilícita de armas, extorsión u amenazas a veces, la duración total de las penas puede llegar a ser extensísima.
Como vemos la cosa no queda ya en una condena relativamente corta sino que el que trafica como miembro de una organización criminal se expone a penas que le pueden llegar a suponer media vida en prisión.
Ahora bien, como es lógico pensar, no todo delito de tráfico cometido de forma mas o menos colectiva puede castigarse con las penas mencionadas. Es necesario que la asociación sea considerada criminal, delictiva y para ello es imprescindible que se den unos requisitos mínimos.

Que este constituida por al menos tres personas
Que los integrantes realicen actos de cultivo elaboración o tráfico
Que exista un reparto de tareas en el seno de la organización
Que esta tenga un carácter estable

A partir de aquí se puede construir una acusación que incremente exponencialmente las penas de cárcel a los autores de delitos contra la salud pública.
No obstante dependerá en todo caso de las circunstancias especificas de cada delito, de su magnitud y de la participación concreta de cada uno en la organización.
Esta tipificación en concreto de las asociaciones delictivas fue introducida en la reforma de 2010, que adapta la normativa penal española a las legislaciones europeas e internacionales de acuerdo con resoluciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

OTROS DERECHOS. POSESIÓN Y TRÁFICO EN EE.UU.

A diferencia de lo que sucede con la tenencia de armas, la simple posesión de sustancias prohibidas, esta penada en los estados unidos y puede acarrear condenas de cárcel.

Como vimos en España, la tenencia para el autoconsumo de cualquier tipo de droga no esta penalizada.Debido a la complejidad del sistema penal norteamericano, existen diferencias considerables, en cuanto a las penas y a las substancias prohibidas, dependiendo de cada estado. Incluso puede cometerse delito federal de posesión y en tal caso serán los fiscales federales los encargados de acusar y los tribunales federales los de enjuiciar.
Se distingue entre la posesión simple y la posesión con ánimo de distribuir. Naturalmente el tipo de penas será mucho mayor en el segundo caso. También esta prohibida la posesión de sustancias “precursor” que aunque no son consideradas drogas en si mismas, se utilizan para la fabricación de sustancias prohibidas, sobretodo la metaamfetamina.

Para concretar la situación cogeré como referencia la legislación aplicable en el estado de California
El HEALTH AND SAFETY CODE SECTION 11350-11356.5, recoge la lista de sustancias prohibidas en el estado, no como en España, dónde no existe una lista de sustancias prohibidas que eventualmente puedan acarrear un delito contra la salud pública.
La simple posesión de sustancias prohibidas en el estado puede suponer una pena de prisión de un año, mientras que la posesión con ánimo de traficar supone una condena de 3 a 5 años de cárcel.
Depende en todo caso del tipo de droga que se posea y de la cantidad incautada.

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No obstante la posesión de marihuana tiene un trato diferenciado, y si se encuentra una cantidad inferior a 28 gramos, la pena que se impone es la de multa.

A tener en cuenta que también esta penalizada la tenencia de la llamada “drug paraphernalia”, es decir artilugios utilizados para consumir droga tales como, jeringuillas o pipas de crack. La tenencia de estos objetos puede llevar a una condena penal.

Como vemos la legislación norteamericana es, al menos en teoría, mucho más restrictiva que la
española, penalizando la tenencia y el autoconsumo. No obstante en los últimos años se ha ido suavizando la política criminal en contra de la tenencia de drogas.
A tener en cuanta la reciente despenalización del consumo de cannabis en Oregón que se suma a la legalización del consumo lúdico aprobada anteriormente en Washington DC, Colorado y Alaska.
En 20 de los 50 estados el uso terapéutico del cannabis esta regulado. No obstante la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal lo que puede acarrear consecuencias jurídicas a pesar de las despenalizaciones efectuadas en los citados estados.

Fuentes:

http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=hsc
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=pen
http://vig.cdn.sos.ca.gov/2014/general/pdf/proposition-47-title-summary-analysis.pdf
http://vig.cdn.sos.ca.gov/2014/general/pdf/proposition-47-title-summary-analysis.pdf
http://www.drugscience.org/States/CA/CA.pdf