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No es nada infrecuente que ante una intervención policial, al responsable de un delito cualquiera se le acabe imputando también otro de atentado a la autoridad. Veamos en que consiste exactamente.
En primer lugar debemos precisar quien tiene, a efectos penales, la consideración de autoridad. El artículo 24 del CP la define como quien ·tenga mando o ejerza jurisdicción propia. A parte de diputados, senadores, miembros del parlamento europeo, jueces y fiscales, se considera autoridad a los agentes de policía, cualquiera que sea el cuerpo, durante el ejercicio de sus funciones. Esta puntualización es importante, puesto que el hecho de ser autoridad, en este caso policía, no otorga ninguna protección penal especial cuando no se estén ejerciendo las funciones propias del cargo.
En su periodo de vacaciones o tiempo libre, un policía no es autoridad, cualquier acto en su contra será considerado lesión, injuria o lo que proceda pero no atentado a la autoridad.
Otro requisito es que el sujeto activo, el que realiza el atentado, tenga conocimiento de que la persona es una autoridad y actúa en el ejercicio de sus funciones. Es necesario pues, en el ejemplo comentado, que el policía se haya identificado como tal. Vaya uniformado o no, lo relevante es que la persona sepa sin ninguna duda que la persona es policía y está realizando una actuación policial.
Lo que se llama elemento objetivo del tipo ( en que consiste exactamente el delito) es el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Eso es, agredir o intentar agredir, amenazar e intimidar o resistirse pasivamente a una actuación, como pudiera ser la detención.
En la valoración de la gravedad de la acción se basará la determinación de la pena y es aquí dónde una buena defensa resulta imprescindible.
El artículo 550 del CP prevé una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
En los tipos agravados, como son el empleo de armas, vehículos a motor o actos potencialmente peligrosos para la vida, la pena puede llegar a los 7 años de cárcel.
Como se ve, las penas previstas, son graves por lo que para su aplicación la naturaleza del atentado también debe serlo. Es frecuente que ante una simple discusión o alguna palabra mas alta que la otra se acabe denunciando por un delito de atentado a la autoridad que no debería de tener ningún recorrido penal.
No obstante y como comenté en el post dedicado a la detención policial, el enfrentamiento con los agentes no conlleva nunca ningún efecto positivo y debe de evitarse en todo caso.
No se está en una condición de igualdad y todo enfrentamiento innecesario no hará mas que agravar la situación.

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