La aprobación del Plan Especial Urbanístico por el pleno del ayuntamiento de Barcelona, para la regulación de las asociaciones cannábicas, debe valorarse, sin duda por parte, de los que hemos defendido su legalización completa, como un avance y un paso adelante positivo.

Personalmente considero adecuada toda regularización, que aunque parcial, tienda al reconocimiento de una realidad social existente y a reducir la inseguridad jurídica que deben soportar los consumidores de cannabis.

No obstante y tras analizar la normativa municipal considero que hay poco de nuevo bajo el sol.

Los criterios de apertura y funcionamiento de las asociaciones vienen a reproducir los ya establecidos en la resolución del departamento de Salut de la Generalitat de Cataluña de 15 de enero de 2015. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402548.pdf

Repito que toda regulación que vaya en esta dirección me parece positiva. No obstante hay que tener mucho cuidado en no confundir términos y sobretodo jurisdicciones. Lo que se ha hecho desde el ayuntamiento de Barcelona es regular administrativamente las condiciones de funcionamiento de las asociaciones y establecer los requisitos necesarios para la obtención de la correspondiente autorización municipal de actividad. Nada más. Básicamente por que las competencias de un ayuntamiento terminan aquí. Ni siquiera la eventual aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular «la rosa verda» http://larosaverda.org/doc/ILP-LA-ROSA-VERDA.pdf por parte del Parlament de Catalunya resolvería definitivamente la situación.

Hay que tener en cuenta que cuando se condena a alguien por un delito contra la salud pública (trafico, cultivo etc.) lo que se está aplicando es el código penal y no una ordenanza municipal.

El Código penal es una Ley Orgánica y las Cortes Generales son el único poder que tiene capacidad para modificarlo, cosa que de momento no han hecho. Es por eso que me parece excesivo e incluso peligroso decir que el ayuntamiento de Barcelona ha legalizado las asociaciones cannábicas. Se ha dado un paso, dentro de las competencias municipales, pero no se ha resuelto el problema.

En una causa criminal, los jueces seguirán aplicando el Código Penal y las interpretaciones jurisprudenciales que han ido efectuando sobre la materia.

Moderando la euforia seguimos esperando una regulación definitiva en todos los ámbitos.

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